*Editorial de El Imparcial, diario dirigido por Luis María Anson, socio de honor del Círculo Ahumada
Madrid suele ser escenario habitual de manifestaciones y protestas varias, causando en ocasiones grandes molestias a los habitantes de la capital. Ayer, en cambio, todo transcurrió dentro de la más estricta normalidad, ya que fue la Guardia Civil -“gente de orden”- quien se congregó frente a su sede nacional de la calle Guzmán en Bueno para reivindicar mejoras laborales. Que pasan por equiparar su sueldo con el de la Policía Nacional -aunque lo suyo sería hacerlo también con el del resto de policías autonómicas, superior incluso en un treinta por ciento-, librar al menos un fin de semana al mes y recuperar los festivos trabajados, entre otras cosas.
No parece que se trate de demandas inasumibles. Antes al contrario, lo que pide la Guardia Civil se ajusta a derecho, tanto como el que le asistía para llevar a cabo la concentración de ayer. Así lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien levantaba la prohibición impuesta por la Delegación del Gobierno a principios de semana, en base a un supuesto carácter sindical del acto. Por más que asistiesen Méndez y Toxo —de aquí al 29 de septiembre harán lo posible para calentar los motores de una huelga general con muy pocos visos de éxito-, lo de ayer era la escenificación de un malestar plenamente justificado, pero sin sindicato alguno detrás. Bien saben los agentes, que tienen prohibidos los sindicatos dentro de la Benemérita, aunque no otras formas de asociacionismo recogidas por la propia Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil de 2007.
Tampoco hacía falta que el TSJM se hubiese pronunciado al respecto. La Delegación del Gobierno de Madrid debería saber que si la protesta de ayer no la organizaba ningún sindicato de la Benemérita -fundamentalmente, porque no existen como tal-, sus agentes tenían perfecto para hacer lo que hicieron. Porque ya que de derechos hablamos, no dice mucho en favor de la Delegación que un tribunal tuviese que recordarle que todos los españoles, guardias civiles o no, pueden disfrutar de una serie de libertades como son las de reunión, expresión y manifestación. Ocurre que detrás de todo ello está lo muchísimo que incomoda al Gobierno el saber que cada día más colectivos alzan la voz en defensa de una reivindicaciones por lo general cargadas de razón. Ese mismo Gobierno al que no interesa en absoluto que se recuerde las condiciones de precariedad en las que la Guardia Civil tiene que desempeñar cada día su labor, tan importante como meritoria. Y que vive en la permanente indefinición de si desmilitarizar a o no a una institución que tiene como una de sus principales señas de identidad precisamente esa, su carácter militarizado.