Entre los implicados hay empresarios que facturaban varios millones de euros al año
Una investigación de seis meses, en la que han participado la práctica totalidad de los guardias civiles de Carballo, ha servido para desmantelar la principal red de robo de cobre activa en Galicia y una de las mayores de España. En este entramado, compuesto por individuos de estratos sociales muy variados, aparecen implicadas por el momento 90 personas, aunque esa cantidad se podría multiplicar en los próximos meses -se sigue la pista de 300 más- porque las actuaciones siguen en marcha.
La operación Cuprum, dirigida por la Fiscalía Provincial de A Coruña y en la que han colaborado agentes del Seprona y de otras unidades de la Comandancia coruñesa, ha servido para recuperar 98.145 kilogramos, de cobre reconocido como propio por técnicos de Telefónica y de Fenosa. Sin embargo, fuentes del sector metalúrgico aseguran que la cantidad de material cuyo origen no está acreditado, podría llegar a cuadriplicar esas 98 toneladas, puesto que los investigadores visitaron prácticamente todas las chatarrerías de la provincia y encontraron producto de dudosa procedencia en Carballo, A Coruña, Ferrol, Ribeira y Rianxo, entre otras localidades.
Siempre según estas mismas fuentes, entre los implicados, además de delincuentes habituales de la comarca de Bergantiños, que se encargarían de sustraer el cobre, hay empresarios que facturan varios millones de euros al año, algunos de los cuales han alardeado públicamente de su escrupuloso respeto por los reglamentos que impiden comprar cobre si se desconoce su origen.
Daños de 15 millones de euros
El material intervenido tiene un valor de mercado próximo al millón de euros, aunque los afectados, entre los que además de las grandes compañías de energía y comunicaciones están también muchos concellos de la Costa da Morte, llevan gastado en reparaciones por este motivo una cantidad 15 veces superior.
Este incesante goteo de robos, que afectaba de manera prácticamente diaria a las instalaciones de la comarca, había supuesto que muchos delincuentes de la zona abandonasen otros delitos contra el patrimonio para centrarse únicamente en la sustracción de cobre.
Las fogatas que prendían en el monte para eliminar la cubierta plástica del cable llegaron a provocar incendios forestales y la sensación de impunidad era tal que algunos alcaldes, como el de Cabana, José Muíño, llegaron a pedir patrullas de vigilancia continuas para acabar con la alarma social que generaba este problema.
Los polígonos industriales de Vimianzo y Malpica, entre otros, tuvieron que ser cableados de nuevo, porque quedaron sin una instalación eléctrica de varios cientos de miles de euros antes de entrar siquiera en funcionamiento.
La tranquilidad con la que operaban los ladrones les permitía robar el tendido de algunas zonas de Carballo y Coristanco incluso hasta dos veces en el mismo día, mientras que en otros puntos de Zas ni siquiera se tomaban la molestia de desenganchar el cable. Para hacerse con él, talaban los postes de madera, incrementando sensiblemente el coste de las reparaciones y, en último término, las repercusiones para los usuarios del servicio telefónico.
